Para aquellos que creen que la solución está en “matar al que mata” aquí les dejo a modo de ejemplo algunos datos extraídos en su mayoría de la organización Amnistía internacional:
· Desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 350 personas, y hay más de 3.300 condenadas a muerte. En la actualidad el castigo capital figura en el Código Penal de 38 estados, 24 de los cuales la aplican a las personas por delitos que cometieron cuando eran menores de edad.
· En 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que no era anticonstitucional ejecutar a retrasados mentales. Desde entonces se han llevado a cabo alrededor de treinta ejecuciones de personas con deficiencias psíquicas.
· No se sabe cuántos presos han sido ejecutados en Estados Unidos por delitos que no habían cometido. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas a las que se les quitó la vida a pesar de existir serias dudas acerca de su culpabilidad.
· Los negros constituyen sólo el 12 por ciento de la población de Estados Unidos; sin embargo, el 42 por ciento de los condenados a muerte del país son personas de color.
· El 82 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 habían sido condenados por asesinar a blancos. Otros factores, tales como la existencia de circunstancias agravantes, no explican la disparidad de las sentencias en relación con la raza del acusado y de la víctima.
· El director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte de los Estados Unidos, Richard Dieter, aseguró que si bien se registró una marcada caída de sentencias a la pena capital para el período 1990-2000, los índices de muertes por actos criminales permanecen relativamente constantes en los últimos siete años.
Como verán, y pese a lo que diga la Sra. Susana Gimenez –quien vive en una enorme casa en Miami, dentro de un barrio cerrado y custodiado- la pena de muerte no sólo no garantizó la seguridad de los ciudadanos norteamericanos sino que no ayudó a disminuir el delito y fomentó el natural racismo al que el país del norte nos tiene acostumbrados.
Y, para terminar, queda la siguiente reflexión: Si pedimos la pena de muerte porque no confiamos en la justicia, ¿en quién recaería la tarea de llevar adelante los juicios y aplicar dicha sentencia?
Marta Pascual
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